Impuesto Sobre los Bienes Personales

  • Posted by gmiani
  • 18 agosto 2011
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Impuesto sobre los bienes personales (participación societaria). Compensación con saldo de libre disponibilidad del IVA.

Corresponde hacer lugar a la a la extinción por compensación del impuesto sobre los bienes personales -acciones o participaciones societarias- mediante la utilización de los saldos de libre disponibilidad generados en el impuesto al valor agregado. En efecto, tanto el art. 1° de la resolución general (DGI) 2542, como el art. 1° de su similar (AFIP) 1658, de idéntica redacción, permiten solicitar la compensación a todos los responsables, sin distinguir entre “sustituto” y “por deuda ajena”, razón por la cual no corresponde al intérprete efectuar diferencia alguna,.


Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Rectificaciones Rivadavia S.A. c. AFIP s/ordinario”, sentencia del 12/07/2011.

Hechos: La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia de la instancia anterior que, al revocar las resoluciones administrativas impugnadas, había hecho lugar a la extinción por compensación del impuesto sobre los bienes personales —acciones o participaciones societarias— de los años 2002 y 2003 mediante la utilización de los saldos de libre disponibilidad generados en el impuesto al valor agregado en agosto de 2003 y junio de 2004.

Para así decidir, reseñó la evolución del impuesto sobre los bienes personales hasta el momento en que en virtud de la ley 25.585, se dispuso el ingreso del gravamen por las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550, cuyos titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas, el cual debía ser liquidado y abonado por esas, sociedades con carácter de pago único o definitivo.

Destacó que la resolución general (AFIP) 1.497, emitida como consecuencia de esta reforma, calificó a esas sociedades como “responsables sustitutos”, al establecer los requisitos y plazos para el ingreso del tributo.

En tal sentido, recordó que la resolución general (DGI) 2542, establecía que la compensación de las obligaciones fiscales podía ser solicitada tanto por los contribuyentes como por los “responsables”, en redacción que luego fue mantenida por su reemplazante, la resolución general (AFIP) 1658. De allí concluyó que a los “responsables” no les estaba vedada la posibilidad de requerir la compensación.

En esta inteligencia, concluyó, la inclusión de los sustitutos como responsables por deuda ajena en el art. 6°, inc. g), de la ley 11.683 (texto según ley 26.044) carece de relevancia para denegar la compensación pedida, pues el accionante ha asumido todas las obligaciones formales y materiales del sustituido, ocupando el lugar del deudor principal. Agregó que, a todos los efectos legales, se genera una sola relación tributaria entre el Fisco y el sustituto, condición que a los efectos de la materia en trato permite concluir en la identidad de sujeto que requieren las normas reglamentarias para la compensación en debate.

La Sentencia: La Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó la sentencia apelada remitiendose al dictamen del Procurador Fiscal, por los siguientes fundamentos:

Resulta inoficiosa la distinción que plantea el Fisco Nacional entre “responsable sustituto” y “responsable por deuda ajena”, a la luz de lo dispuesto por las resoluciones generales (DGI) 2542 y (AFIP) 1658. Vigentes durante los períodos de la litis.

En efecto, tanto el art. 1° de la resolución general (DGI) 2542, como el art. 1° de su similar (AFIP) 1658, de idéntica redacción, permiten solicitar la compensación a todos los responsables, sin distinguir —como pretende la recurrente— entre “sustituto” y “por deuda ajena”, razón por la cual no corresponde al intérprete efectuar diferencia alguna, pues, según conocido adagio, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (Fallos: 331:2453 y su cita).

La mención indiscriminada de los “responsables”, entonces, no puede ser entendida como una redacción descuidada o desafortunada del órgano emisor de la reglamentación, cuya inconsecuencia o falta de previsión no cabe suponer (Fallos: 315:1922: 322:2189), postura que merece aun mayor rechazo cuando es la propia demandada quien ha dictado la norma general que ahora pretende desconocer y a la que califica como viciada por una “deficiente técnica legislativa”.

Por otra parte, opino que no debe soslayarse en el análisis que todo tributo pagado en exceso por un contribuyente sigue siendo parte de su derecho de propiedad y, por ende, éste puede disponer de él para la cancelación de otras obligaciones tributarias o para su transferencia a terceros. Todo ello sujeto a una razonable reglamentación (arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional) que, en el caso, está dada por los arts. 27, 28, 29 y ccdtes. de la ley 11.683 (Fallos: 304:1833 y 1848: 305:287; 308:1950: 312:1239 y 324:1848), a los cuales no parece oponerse la interpretación de las normas reglamentarias realizada por la Cámara.

Sentado lo anterior, observo que también se cumple con lo exigido por la segunda parte del art. 1° de las resoluciones generales (DGI) 2542 y (AFIP) 1658, esto es, que tanto los saldos deudores y acreedores pertenezcan a un mismo sujeto.

En efecto, el saldo acreedor pertenece a Rectificaciones Rívadavia S.A. como contribuyente en el impuesto al valor agregado y el deudor también le pertenece, como responsable del impuesto sobre los bienes personales —acciones o participaciones societarias—.

Se verifica así la requerida identidad entre los sujetos tributarios, esto es, que el titular pasivo de la deuda impositiva sea, simultáneamente, el titular activo de un crédito contra el Fisco, sin que, por los fundamentos ya desarrollados en el párrafo anterior, resulte relevante que un caso lo sea como “responsable” y en el otro como “contribuyente”.

Es que, por la forma como el legislador ha redactado el artículo sin número a continuación del art. 25 de la ley 23.966 (texto según su similar 25.585), resulta innegable que Rectificaciones Rivadavia S.A. es el único que queda obligado frente al Fisco por el tributo que correspondería a sus accionistas o participantes en su capital, el cual deberá abonar con carácter de pago único y definitivo, sin perjuicio del eventual reintegro de los importes abonados que pueda luego intentar contra ellos, el que podrá o no practicarse incluso reteniendo o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago, siendo esto último, obviamente, una cuestión entre particulares ajena, en principio, al Fisco Nacional.

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